Estafa de un constructor en Costa Rica: cómo una familia recuperó su dinero

Una de las frases que más escuchamos de extranjeros que han sido víctimas de un fraude en Costa Rica es: «para qué denuncio, aquí no pasa nada». Es exactamente la creencia de la que se aprovechan las personas que hacen esto de forma repetida. Esta es la historia de un caso que demuestra lo contrario.

Una pareja sueca, con su hijo de apenas tres años, compró un lote para construir su casa y contrató a un constructor local para encargarse de absolutamente todo: coordinar arquitectos e ingenieros, tramitar los permisos de construcción, gestionar los medidores de agua y electricidad, y ejecutar la obra completa. Todo concentrado en una sola persona. Firmaron un contrato de construcción con pagos en abonos, desembolsados conforme avanzaba la obra.

Al principio, todo parecía ir bien. Se veía el avance: primero se construyó una casa de huéspedes pequeña, y después arrancó la casa principal. Pero después de la casa de huéspedes, el ritmo cambió drásticamente. Llegaba menos material. Los trabajadores pasaron de ser seis a solamente dos. Y el constructor empezaba a pedir más dinero, sin que la obra avanzara al mismo ritmo.

Una noche, el vecino de al lado les confirmó algo que nuestros clientes no sabían: la construcción estaba tomando electricidad de su medidor, sin autorización. El constructor nunca había presentado planos ante el CFIA ni contratado a un ingeniero responsable para nada del proyecto, es decir, la obra completa se estaba levantando fuera de todo marco profesional y legal. Cuando se lo reclamaron, el constructor dijo que era «un malentendido».

Una semana después, los trabajadores dejaron de llegar. No les habían pagado en cuatro semanas, y tampoco tenían la cobertura de la CCSS ni la póliza de riesgos del trabajo que la ley exige para cualquier persona que emplee trabajadores en una construcción. La obra se detuvo por completo. Nuestros clientes tuvieron que tramitar de nuevo, por su cuenta, los medidores de agua y electricidad. La pérdida en ese momento: USD $120.000 ya pagados al constructor, sin que el avance real de la obra justificara ni una fracción de esa suma.

El primer intento: conciliar

Como corresponde, nuestros clientes primero buscaron resolverlo por la vía más directa: un proceso de conciliación con el constructor, para ver si estaba dispuesto a devolver el dinero. Al principio dijo que sí. Después, simplemente dejó de responder.

Fue en ese momento cuando decidieron actuar formalmente, sin saber todavía que este mismo constructor ya le había hecho exactamente lo mismo a otras cinco familias extranjeras en la zona. Ninguna de ellas había denunciado. Por eso, él no había enfrentado ninguna consecuencia, y seguía operando con total libertad en la misma área.

La estrategia legal: civil y penal, en paralelo

Abrimos dos procesos distintos, que atacan el problema desde ángulos diferentes. Primero, un proceso civil por incumplimiento de contrato, reclamando los daños y perjuicios causados: el Código Civil establece que en todo contrato bilateral, como lo es un contrato de construcción, va implícita la posibilidad de exigir su cumplimiento o su resolución, junto con la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento haya causado.

En los contratos bilaterales, la parte que ha cumplido con sus obligaciones puede exigir el cumplimiento forzoso del contrato o su resolución, y en ambos casos, el pago de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la otra parte.

Segundo, presentamos una denuncia penal por estafa. El delito de estafa se configura cuando una persona, mediante engaño o el ocultamiento de hechos verdaderos, induce a otra a un error y obtiene con eso un beneficio patrimonial indebido, causándole un daño. Cobrar abonos por avances de obra que no se estaban ejecutando, mientras se ocultaba que no había ingeniero responsable ni planos aprobados, y mientras se desviaba el costo de la electricidad hacia el vecino para reducir gastos sin bajar lo que cobraba, encaja exactamente en esa descripción.

Al ver que ambos procesos avanzaban en serio, y que, a diferencia de sus víctimas anteriores, estos clientes sí estaban documentando y denunciando todo, el constructor cambió de actitud. Llegó a un arreglo de pago de USD $70.000 y aceptó, como parte del acuerdo, no volver a trabajar en esa zona ni en ningún otro proyecto de construcción.

Por qué contamos esta historia

Es muy común escuchar que «en Costa Rica no hay justicia», y esa idea le hace daño doble a la comunidad extranjera: primero, porque desanima a las víctimas a denunciar, y segundo, porque las personas que actúan de mala fe lo saben, y cuentan exactamente con eso para repetir el mismo esquema una y otra vez, con total impunidad.

La realidad es otra: sí hay justicia en Costa Rica, aunque avance al tiempo del sistema costarricense, que no siempre es tan rápido como al que muchos extranjeros están acostumbrados en sus países de origen. Pero avanza. Y cada denuncia que se presenta no solo busca una reparación para quien la presenta, también le cierra la puerta a esa persona para que le siga haciendo lo mismo a alguien más.

En Libre Verdad acompañamos a nuestros clientes en procesos civiles y penales en paralelo cuando la situación lo amerita, precisamente para maximizar tanto la posibilidad de recuperar lo perdido como la de detener a quien lo causó. Si usted está en una situación similar y no sabe si vale la pena denunciar, hablemos: sí vale la pena.

Nota de confidencialidad: Esta historia está inspirada en un caso real atendido por Libre Verdad. Para proteger la privacidad de las personas involucradas y cumplir con nuestro deber de confidencialidad profesional, los nombres, algunos hechos y ciertos detalles han sido modificados. Cualquier similitud con personas identificables es únicamente con fines ilustrativos.

Información general, no constituye asesoría legal. / General information, not legal advice.